La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas, La Federación Nacional de Concejos – FENACON, en cabeza del Director Ejecutivo Nacional, Dr. Edgar Alberto Polo Devia, junto con las Honorables Concejales Suyi Ocoro Carabali Vicepresidenta Nacional de Concejales de la Amazonia y Alejandra Gómez Delegada Departamental Concejales de la Guajira, y demás agremiaciones de concejales y diputados, continuaron en la conformación del comité de impulso para la inclusión como sujetos de reparación colectiva a los Honorables de Concejales y Diputados del país.

Tras la presentación de denuncias y amenazas a nivel nacional sobre los acontecimientos que han afectado a Concejales y Diputados, al ser víctimas colectivas de violaciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos con ocasión del conflicto armado interno.

De esta forma el pasado 13 y 14 de Marzo, en cumplimiento a lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 228 del decreto 4800 de 2011, se inició el proceso de reparación colectiva; los representantes de la Federación Nacional de Concejales FENACON y las Confederaciones, efectuaron el diligenciamiento del Formato Único de Declaración (FUD) con el acompañamiento de funcionarios de la Unidad para las Víctimas quienes en conjunto lograron un ejercicio de trabajo compartido. Así mismo se presentaron como casos emblemáticos los actos delictivos cometidos por terroristas en los municipios de Rivera y Garzón, Huila; Puerto Rico, Caquetá; Orito, Putumayo; Asamblea del Valle, al igual que el comunicado que por parte de la guerrilla de las Farc se declara como objetivo militar a todos los Honorables Concejales de Colombia.

La ardua labor que se ha venido desarrollando busca el reconocimiento de las corporaciones públicas de elección popular en el sistema democrático de nuestro país, ya que son los representantes directos de las comunidades en nuestro territorio.

FENACON al igual que la Unidad de Victimas le apuestan al restablecimiento de los derechos de los miembros de las corporaciones públicas de elección popular que han resultado afectados por el conflicto interno a partir de la generación de un proceso de reparación colectiva.